Hace tan sólo unos días informábamos de que el ministro Sebastián daba por hecho que el límite temporal de velocidad a 110 kilómetros / hora en autovías y autopistas se levantaría llegada la fecha límite del 30 de junio, pero sin embargo ahora parece que la intención podría haber cambiado a juzgar por las útlimas declaraciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba.

La organización de defensa jurídica de conductores Dvuelta asegura en un comunicado que, al cumplirse dos meses de la entrada en vigor del Decreto por el que se fijó el límite de velocidad en 110 km/h en autopistas y autovías por motivos de "ahorro energético"(ver la prueba de cuánto se ahorra realmente a 110 km/h), el Gobierno prepara a la opinión pública para una posible prórroga de la decisión tras el 30 de junio. Esta organización recuerda que Rubalcaba ha dicho que el Ejecutivo está estudiando mantener el límite de velocidad en las autovías y autopistas españolas a 110 km/h más allá del 30 de junio, ya que según ha señalado se trata de una medida que"ha funcionado muy bien".

Dvuelta se remite a la afirmación de ayer del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que calificó el ahorro logrado con la norma como "enorme". Así, el ministro de Industria y el vicepresidente del Gobierno "basan su decisión en una simple opinión personal en absoluto soportada por datos", asegura Dvuelta. A su juicio, la ciudadanía no puede conformarse con afirmaciones simplemente valorativas y sin soporte informativo. Soporte que, en todo caso según la organización, muestra que en abril el ahorro en combustible fue un 52 por ciento inferior al que se registró en marzo (cuando entró en vigor la medida), y un 62 por ciento menor que los datos facilitados por el Ministerio en enero cuando, sin limitación de velocidad, el descenso en el consumo de combustible respecto del mismo mes del año 2010 fue del 10 por ciento. Estos datos están recogidos en el boletín de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), que Dvuelta desveló la pasada semana (leer información). e ilustran una realidad bien distinta a la ofrecida a la opinión pública por el Gobierno, según Dvuelta. Así, Sebastián (y después Rubalcaba)"lejos de ofrecer algún dato que demuestre la supuesta bondad de la medida para el ahorro energético, se limitó a decir que el ahorro ha sido ‘enorme’, en palabras de Sebastián, y que ha funcionado ‘muy bien’, según Rubalcaba".

Menos viajes por la crisis = menor gasto de combustible
El Gobierno, asegura la organización, trata así de poner a su favor una medida impopular (ver estadísticas sobre la opinión pública en torna a los 110 km/h) estableciendo una relación causa/efecto entre su decisión de rebajar el límite de velocidad y el descenso en el consumo de combustible, cuya principal razón es su precio, la crisis, y el paro. Así lo demuestra el hecho de que los desplazamientos por carretera en Semana Santa, según datos de la DGT, fueran un 10 % inferiores a los registrados en 2010, lo que supone casi millón y medio menos de coches en la carretera, lo que explica el pequeño descenso en el consumo de combustible del mes de abril.

Piden al Gobierno que defina criterios objetivos para este límite porque el estado de Derecho exige que el Ejecutivo argumente sus decisiones

Dvuelta, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Decreto de los 110 km/h, pide al Gobierno que aclare las verdaderas razones por las que se dictó -sin la opinión del Parlamento- la medida, a la vista de los datos oficiales que demuestran que el ahorro es muy inferior a lo que preveía el Decreto (que se encontró con la frontal oposición de varios integrantes del Consejo Superior de Seguridad Vial), que calculaba un ahorro de entre un 10 y un 15 por ciento. Y que en todo caso explique y establezca, como parámetros objetivos, cuánto debe costar el barril de petróleo y otros que, más allá del oportunismo político, tienen que confluir para que la medida siga aplicándose o, por el contrario, que se derogue. El Estado de Derecho exige que el Gobierno argumente adecuadamente sus decisiones, sobre todo si se aprueban por Decreto. En caso contrario, la discrecionalidad gubernamental es, en opinión de Dvuelta, dictatorial.