Una de las medidas más polémicas de la llamada Ley de Cambio Climático propone la prohibición del acceso a la isla a todo tipo de vehículos diésel a partir de 2025 y al resto con motor térmico desde 2035. Esto supondría que por ejemplo los visitantes que se desplacen a las islas en ferry con vehículos propios con motor de combustión no podrían entrar. Esta Ley también propone a las empresas de alquiler renovar su flota con vehículos eléctricos desde 2020 hasta alcanzar el 100% en 2050.

Todas estas medidas acababan de ser denunciadas ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa por ANFAC –la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones–.

Según esta Ley a partir de 2035, se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad. Ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a las islas baleares a partir de estas fechas.

La calidad del aire en la región es entre buena y excelente según el Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares.

Según Anfac estas medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas y están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser “inéditas en toda Europa”. La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares.

El texto presentado por ANFAC prosigue que la prohibición incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al “afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, afirman en la denuncia. Además, supone un “grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos” para el sector.

ANFAC solicita así a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, se solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.

Esta prohibición también se refiere a que se introducirán “excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma”. Estas excepciones son susceptibles de ser discriminatorias, en la medida que tratan de forma diferente a los vehículos de servicios públicos o a los radicados en las Islas Baleares con anterioridad. “Es evidente así que las empresas y ciudadanos que no residan en las Islas no podrán, en términos generales, beneficiarse de esta excepción y circular con sus automóviles”. Tampoco los europeos propietarios de un vehículo diésel (a partir de 2025) o con motor de combustión (2035) podrán entrar con sus coches y circular libremente por las Islas a partir de estas fechas.

La prohibición incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios y el marco europeo de homologación de vehículos de motor.

Según ANFAC, pese a que restan aún seis años para la posible entrada en vigor de la prohibición, sus efectos graves se están haciendo notar ya. De hecho, tan sólo el anuncio de la tramitación del proyecto de Ley ha provocado que el mercado de venta de vehículos nuevos tenga un ritmo mucho menor en las islas Baleares, que tan solo ha crecido un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, que lo ha hecho en un 7%.

“Esta medida supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos diésel desde su misma entrada en vigor porque nadie en esa Comunidad Autónoma va a adquirir un vehículo en medio de tal incertidumbre y menos aún un diésel nuevo sabiendo que a partir de enero de 2025, no va a poder circular”, denuncia ANFAC.

También está afectando al mercado de segunda mano, donde la comercialización de vehículos más modernos cae mientras que la venta de vehículos diésel antiguos, con más de 20 años, ha
crecido un 14% porque “nadie quiere invertir en vehículos nuevos o seminuevos ante la incertidumbre” de cuándo tendrán que prescindir de ellos. “El golpe para el sector es durísimo mientras que el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos cada vez menos emisores”, señalan.

Asimismo, Faconuto, la asociación de concesionarios de automoción ha mostrado su apoyo a esta medida porque de aprobarse esta norma, pondrá en serio peligro el sector de la distribución y reparación de vehículos en las islas, ya que los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión, que actualmente son el 99% de las matriculaciones. Los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000 de manera indirecta.

Los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000 de manera indirecta.

La patronal ha advertido, además, que la futura norma es irresponsable en los plazos, no responde a las necesidades de los conductores ni a esta realidad de mercado, en la que los nuevos vehículos diésel y de gasolina seguirán siendo en los próximos años una opción muy válida en múltiples situaciones, por su consumo eficiente de combustible y porque los fabricantes están tomando acciones concluyentes para reducir al mínimo su impacto sobre el medio ambiente.

Faconauto considera que el modo más eficaz para asegurar a corto y medio plazo una movilidad sostenible en las Islas Baleares es propiciar la retirada de la circulación los vehículos con más de diez años, más contaminantes e inseguros. La edad media del parque automovilístico balear se sitúa en 12,7 años, por encima de la media nacional, que fue de 12,1 años.

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Rodrigo Pareja

Periodista especializado en movilidad en todas sus variantes: coche, moto, bicicleta, patinete eléctrico... y no siempre por este orden, dado que la forma en la que nos desplazamos está cambiando. Más de 20 años de experiencia en el mundo del automóvil y en constante adaptación en un sector que no deja de generar noticias.