El Gobierno de la Generalitat ha iniciado la cuenta atrás para la puesta en marca definitiva de un nuevo impuesto que recaería sobre los coches en circulación, tal y como informa CocheGlobal.

Este impuesto se empezaría a cobrar en febrero a pesar de la polémica que ha generado. Es un tributo propio de la Generalitat y desde la Agencia Tributaria de Cataluña lo justifican dado que el objetivo es grabar las emisiones de dióxido de carbono que producen estos vehículos y que inciden en el incremento de las emisiones de gases con efecto de invernadero.

Actualmente este nuevo impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono está en fase de consulta pública y la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos (Fecavem) ha presentado algunas alegaciones dado que considera que es perjudicial para la economía de Cataluña.

Este impuesto no es algo nuevo dado que en el pasado fue paralizado temporalmente por el Tribunal Constitucional debido a un recurso presentado por el Gobierno central.

El importe medio de este impuesto supondría unos 80 euros anuales y sobre todo para las empresas de flotas de automóviles su aplicación es un quebranto económico importante. De hecho, algunas empresas de renting ya están matriculando los vehículos en otras Comunidades Autónomas.

Este impuesto no es algo nuevo tal y como informa CocheGlobal dado que en el pasado fue paralizado temporalmente por el Tribunal Constitucional debido a un recurso presentado por el Gobierno central.

Con este impuesto la Generalitat espera recaudar unos 77 millones de euros al año que irían a un nuevo fondo climático y a otro de patrimonio natural.

El impuesto se organiza por tramos. Por debajo de 95 gramos de CO2 por kilómetro los vehículos estarían exentos y a partir de ahí se impondría un gravamen de 0,70 euros a 1,40 por cada gramo.

A modo de ejemplo para los coches más contaminantes –200 gramos de CO2/km– supondría pagar unos 300 euros al año mientras que para los que emiten 120 –que son la mayoría– supondría unos 80.

Quedarían exentos de este impuesto los vehículos de diplomáticos, de administraciones, ambulancias y de personas con movilidad reducida.