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La Fiscalía denuncia a la concesionaria de la AP-9 por práctica abusiva

Parece que la empresa Audasa no se ha comportado como debería durante un largo periodo en que dicha carretera ha estado en obras y desde la Fiscalía de Pontevedra reclaman que les sea devuelto el dinero del peaje a todos los vehículos ligeros que utilizaron la vía en ese tiempo.

Peajecola 1

Circular por carretera como hasta ahora lo hemos hecho quizás sea cosa del pasado y no lo decimos por los futuros vehículos autónomos que vienen, sino por el peaje que pretenden aplicar desde el Gobierno a las autovías que ahora son gratuitas, tal y como te contamos aquí. No obstante, hasta el 2020 no se plantea esta medida.

Las carreteras de peaje siguen siendo parte de la actualidad y es que si hace unas semanas conocíamos que una de ellas, la AP1, dejaba de ser de pago tras finalizar su concesión, ahora la principal protagonista es la AP-9. Al parecer, la compañía que estaba al cargo de esta vía no se ha comportado como debería y eso no ha pasado desapercibido por la Fiscalía de Pontevedra, quien acaba de demandar a la concesionaria.

El origen de todos los problemas está en las obras del puente de Rande (Pontevedra), las cuales han estado activas durante tres años y han provocado multitud de atascos y retenciones en este periodo. Ante esta situación, Audasa decidió cobrar el importe íntegro del peaje, motivo que ha propiciado la demanda por una “práctica abusiva en el cobro del peaje”, tal y como apuntan desde la Fiscalía.

El periodo al que se refiere la Fiscalía va desde el 27 de febrero de 2015 al 1 de junio de 2018.

Por el momento no se conoce el número de conductores afectados por este caso, aunque se estima que durante los 3 años de obras pudieron circular hasta un total de 77 millones de vehículos, los cuales podrán solicitar la devolución del pago que realizaron, así como los intereses legales y las costas del proceso. Desde la concesionaria apuntan a que solo la recaudación de vehículos ligeros en dicho periodo aumenta hasta los 90 millones de euros.

Según el fiscal: “Todos los usuarios se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad“. No obstante, se excluye a todos los conductores profesionales y titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros, una decisión que no ha sido bien recibida en la Asociación de Empresarios Transporte Discrecional de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo).