Hasta ahora estábamos acostumbrados a que las sanciones por infracciones de tráfico cometidas en otros países europeos no llegaban a ser impuestas. A falta de la aprobación formal del Consejo Europeo, a partir de ahora será imposible evitar que la multa llegue a nuestro domicilio.

La nueva directiva obliga a las autoridades nacionales del país de matriculación a comunicar los datos del conductor del vehículo al Estado miembro donde se haya cometido la infracción a través de EUCARIS –una gran base de datos común-. El país en el que se ha cometido la infracción comunicará mediante carta la infracción cometida al titular en su idioma.

Si bien esta medida se aplicará sólo a las infracciones más graves como el exceso de velocidad, hablar por el móvil, no respetar la distancia de seguridad, saltarse un semáforo, conducir bajo el efecto del alcohol o las drogas, no ponerse el cinturón y no llevar el casco.

Además, para proteger y reforzar las obligaciones de protección de datos personales, la información del infractor será borrada una vez haya finalizado el procedimiento. A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea, los 27 países miembros tendrán un plazo de dos años para adaptar esta directiva a la legislación nacional.