Portugal ha puesto en funcionamiento el cobro de peajes en tres autopistas fronterizas con Andalucía, Salamanca y Galicia, y otra en el Alentejo, a pesar del rechazo de empresarios, ayuntamientos y usuarios. Plataformas ciudadanas del Algarve, del centro y norte del país, que se manifiestan desde hace meses contra esta medida, preparan más protestas a las que se espera que se unan también colectivos españoles.

La asociación de usuarios de la A-23, autopista que cruza la región del Alentejo, ha tenido una de las reacciones más duras contra la entrada en vigor de la medida, y pide el "boicot" a la vía, mediante el uso de otras carreteras, y protestas a base de "bocinazos". Los usuarios de la A-22, la vía que cruza la turística región del Algarve hasta Andalucía, convocaron este pasado miércoles una marcha lenta hasta el aeropuerto de Faro (el segundo más importante del país en número de pasajeros) y tienen previsto continuar hoy sus protestas. Estos movimientos denuncian las consecuencias de los peajes para el tejido económico y social de las regiones afectadas, con efectos como la disminución de turistas españoles y fuertes repercusiones en el comercio, el transporte y las economías locales. "No sólo se puede dificultar la llegada de españoles, porque nosotros tenemos un buen mercado español, sino también la economía interna de los coches de alquiler, los taxis y otros, que van a tener un aumento de los gastos", señaló el presidente del organismo Turismo Algarve, Antonio Pina.

Los costes aproximados de los nuevos peajes oscilan entre los 11 y los 19 euros para recorrer las autopistas afectadas, según anunció esta semana el Gobierno portugués en el Diario Oficial de la República lusa. En concreto, el viaje de 130 kilómetros de la A-22, a través del Algarve hasta Andalucía, cuesta desde ya 11,6 euros para los turismos. En la A-24, colindante con Galicia, el usuario debe pagar 14 euros para recorrer 155 kilómetros, y en la A-25, próxima a la provincia castellanoleonesa de Salamanca, los 173 kilómetros de autopista suponen un desembolso de 15,65 euros. En cuanto a la vía que atraviesa la región del Alentejo (A-23), en el centro-sur de Portugal, el pago asciende a 19,3 euros por los 178 kilómetros de trayecto. Estos nuevos peajes terminan con las últimas autopistas gratuitas de Portugal, conocidas como SCUT (acrónimo en portugués de "sin coste para el usuario") que empezaron a operar financiadas por el Estado hace catorce años.

La conversión a vía de pago de las SCUT fue iniciada por el anterior Gobierno socialista luso en tres autopistas del norte de Portugal en 2010, como una medida para paliar las pérdidas que arrastra la compañía estatal Carreteras de Portugal. El actual primer ministro conservador Pedro Passos Coelho amplió la iniciativa a las últimas cuatro autopistas SCUT que aún eran gratuitas mediante un decreto-ley aprobado en octubre. Además de los costes extra los empresarios, usuarios y ayuntamientos, en particular los afectados en España, han criticado el complejo sistema de pago electrónico de estas autopistas, frente al convencional cobro en cabinas mediante efectivo o tarjeta de crédito. En los nuevos peajes el pago se realiza con un dispositivo electrónico que se debe comprar o alquilar y llevar en el coche. Los vehículos extranjeros pueden usar tarjetas de prepago, que se compran por Internet o en máquinas automáticas, aunque por el momento sólo se han instalado en Vila Nova de Cerveira, colindante con Galicia, Vilar Formoso, al lado de la provincia de Salamanca, y Vila Real de Santo Antonio, a pocos kilómetros de Huelva.