Hace ya cerca de una década –como recoge AEA, Automovilistas Europeos Asociados– que distintos juzgados y tribunales de España han ido anulando varias sanciones impuestas por distintos ayuntamientos mediante los famosos semáforos con cámara debido a la inseguridad jurídica y falta de garantías de este sistema de captación de imágenes. En muchas ocasiones los consistorios tienen adjudicada la gestión de este tipo de multas a empresas privadas mediante un porcentaje de la recaudación.

Pues apenas comienza 2018 y tenemos noticias de que el Tribunal Supremo –TS– ha confirmado de nuevo la ilegalidad de las multas de semáforo captadas por el sistema foto-rojo. Concretamente ha sido la Sala Tercera del citado tribunal quien ha confirmado la anulación de una sanción de tráfico por infracción grave, consistente en saltarse un semáforo en rojo en un paso de peatones. Esta multa se impuso en función de la imagen captada por un dispositivo foto-rojo –una cámara– en el municipio de Catarroja en Valencia.

El Tribunal Supremo –TS– ha confirmado de nuevo la ilegalidad de las multas de semáforo captadas por el sistema foto-rojo.

Según recoge la sentencia, y se hace eco AEA, el TS no admite el recurso de casación que interpuso el citado Ayuntamiento contra una sentencia del 9 de noviembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia que decretaba la nulidad de una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos contra un automovilista que supuestamente rebasó un semáforo en rojo. Además, la sentencia incluye que el Ayuntamiento tiene que pagar las costas del juicio, 2.000 euros.

Básicamente, la nulidad de produce por inseguridad jurídica por un tema relacionado con el control metrológico del sistema de captación de imágenes situado en el semáforo (la cámara).

No es la primera vez que el TS anula una sanción de este tipo. Ya ocurrió en noviembre de 2015 en San Sebastián motivo por el que este Ayuntamiento ya no utiliza este sistema de control.

Ante esta situación, según el presidente de AEA, Mario Arnaldo “superan ya el centenar el número de resoluciones judiciales que han anulado las sanciones de 200 euros y cuatro puntos impuestas por los ayuntamientos mediante un sistema que, ni garantiza la seguridad vial, ni la seguridad jurídica y la presunción de inocencia de los ciudadanos.”