¿Crisis? A recaudar: El impuesto de circulación por las nubes

Por AEA | martes 24 marzo 2009

Un informe de AEA revela que a pesar de la crisis “la mayoría de los ayuntamientos han aplicado subidas muy por encima del IPC, llegándose incluso a superar catorce veces este indicador”. Pequeños municipios se aprovechan de la codicia de las grandes capitales convirtiéndose en “paraísos fiscales”

Este año los automovilistas donostiarras pagarán un 24% más en impuestos locales sobre el automóvil que los empadronados en Madrid; un 37,5% más que los residentes en Valencia o un 102% más que los domiciliados en Soria. Así lo afirma un estudio realizado por la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado un año más las diferencias de fiscalidad entre las distintas capitales españolas, en lo que al impuesto municipal sobre vehículos se refiere.
Este impuesto fue creado en España hace diecinueve años y genera unos ingresos anuales de 2.186 millones de euros (unos 365.000 millones de pesetas) a las haciendas locales. La ley permite a cada ayuntamiento fijar libremente su tarifa dentro de unos márgenes. “Y es esta facultad discrecional –indica AEA en su informe-, lo que ha dado lugar a que se creen en España verdaderos “paraísos fiscales” en relación con el pago de este impuesto municipal.”

Diferencias de más de un 365%
Según el estudio de AEA un vehículo tipo medio, de 11 caballos de potencia fiscal, como por ejemplo uno de más vendidos el año pasado como el Renault Megane con motor 1.6, paga en el Ayuntamiento de Melilla 17,04 euros; en Madrid 64 euros, en Barcelona 68,15 euros, y en San Sebastián 72,97 euros. Es decir, un 365 % más caro en San Sebastián que en Melilla.

Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Barcelona, Huesca, Castellón, Palma, Córdoba, Cádiz, Tarragona, Valladolid, y Santander. Por el contrario, entre los que podrían considerarse “un paraíso fiscal” estarían Melilla, Ceuta, Soria, Zamora, Pamplona, Palencia, Cáceres, Las Palmas, Cuenca y Pontevedra. Respecto de las motocicletas las diferencias también son notables. Una motocicleta de 600 centímetros cúbicos paga en Melilla 15,15 euros. Sin embargo, en San Sebastián este mismo vehículo paga 66,64 euros. Un 340% más caro.

Pero según el informe de AEA las diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así por ejemplo la tarifa que cobra el municipio de Robledo de Chavela en la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a la de Barcelona.

Éxodo de automovilistas hacia “paraísos fiscales”
AEA explica que el origen de este fenómeno de “los paraísos fiscales” hay que buscarlo en la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000. La alta fiscalidad que mantienen algunos ayuntamientos, como el de Barcelona o San Sebastián, ha motivado el que miles de automovilistas cambien su lugar de empadronamiento para matricular los vehículos en municipios con una menor presión fiscal, aunque no circulen realmente por ellos.

Quienes iniciaron masivamente este éxodo hacía los llamados “paraísos fiscales” fueron los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting. Las cifras de matriculaciones en determinados municipios así lo demuestran. “Mientras que el censo de población en estos ayuntamientos apenas sufre variación, el parque automovilístico aumenta geométricamente con incrementos de más de un 2000 por cien ”.

Seis municipios matriculan el 25% del parque
Tal es el caso de seis municipios españoles (Moralzarzal, Robledo de Chavela y Collado Mediano, en Madrid; Relleu, en Alicante; Colmenar, en Málaga, y Rajadell, en Barcelona) –con una población de entre 400 y 11.500 habitantes- en los que se matriculan más del 25% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 130.397 turismos sobre un total nacional de 512.619 unidades. Este año destaca el caso de Benidoleig, en Alicante, municipio que a pesar de haber incrementado su población en tan sólo 82 habitantes, el ritmo de matriculación de vehículos de empresa se ha multiplicado por setecientos durante 2008, pasando de 11 vehículos matriculados en 2007 a 8.547 unidades en 2008.

Según el informe de AEA, los “paraísos fiscales” en lo que al Impuesto de Vehículos se refiere son: La Cerollera (125 habitantes) en la provincia de Teruel; Retascón (89 habitantes), en Zaragoza; Rajadell (492 habitantes), Aguilar de Segarra (249 habitantes), y Les Cabanyes (890 habitantes), en la provincia de Barcelona; Sarratella (88 habitantes), en Castellón; Relleu (1.205 habitantes) y Benidoleig (1.221 habitantes) en Alicante; Puebla de San Miguel (66 habitantes) en Valencia; Robledo de Chavela (3.773 habitantes), Colmenar del Arroyo (1,348 habitantes), Venturada (1.609 habitantes), Redueña (266 habitantes), Collado Mediano (6.427 habitantes), Moralzarzal (11.318), y Rozas de Puerto Real (402 habitantes), en Madrid; Colmenar (3.625 habitantes) y Macharaviaya (492 habitantes), en Málaga; Zaorejas (184 habitantes), en Guadalajara; y Villoruebo (59 habitantes), en Burgos.

El Gobierno prepara cambios
El Gobierno trabaja en una reforma del impuesto de circulación, de competencia municipal, como ya hiciera con el impuesto de matriculación, transferido a las comunidades autónomas. Recientemente el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña ha anunciado que el Gobierno está trabajando en la modificación del impuesto de circulación conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el fin de vincular este gravamen a las emisiones contaminantes de los automóviles, de forma que pague más el que más contamine, como ya ocurre con el Impuesto de Matriculación.

Sin embargo, hay quienes piensan que lo que pretende realmente esta reforma es la eliminación de los actuales “paraísos fiscales” ante la protesta de los grandes municipios que, en los últimos años, han sufrido el éxodo de cientos de miles de vehículos de empresa que han abierto sucursales en ayuntamientos con una fiscalidad más favorable.